Patrimonio Cultural: Entre Expertos, Negocios y Lacayos

 

Las masivas intervenciones en la Zona Histórica de Santa Ana de Coro, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1993, han generado opiniones encontradas, por decir lo menos. En una acera, estamos quienes consideramos el patrimonio cultural de la Nación, consagrado en el artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como el legado de las generaciones pretéritas que debemos gerenciar las generaciones presentes en beneficio de las generaciones venideras. Es el legado tangible e intangible de nuestros ancestros que nos ayuda a definir quiénes somos en el presente con luces de futuro. En otro lado, están quienes vieron, ven y verán en el testimonio material de la historia una carátula tras la cual ocultar su afán de lucro y soberbia de sátrapas regionales que mancillan la digna profesión del funcionario público. Éstos lo valoran como una membrana, carente de profundidad, en la cual proyectar su propaganda y mejorar sus finanzas, para ellos el patrimonio cultural es un espectáculo. Y, finalmente, hay quienes sin saber, ni poder, ni fortuna, alquilan sus plumas y sus menguadas ideas por un salario raquítico o por un cargo de confianza  de tercera categoría.

Las plumas tarifadas pretenden desacreditar las opiniones de quienes, como venezolanos y corianos, hemos manifestado nuestras opiniones sobre lo que juzgamos desaciertos en las intervenciones en el patrimonio histórico de la ciudad. ¿La respuesta a nuestras observaciones? Ellos hablan crípticamente de expertos, como si la formación universitaria fuera una mácula. Quienes así opinan muestran un desconocimiento soez y brutal de la historia patria, sólo comparable a la profundidad sus complejos sociales, ven el conocimiento un rasgo de clase, la señal de una élite destinada a gobernarlos. La verdad histórica es otra: la democracia venezolana, en su sentido amplio, ha liberado el conocimiento en cuanto lo ha hecho genuinamente popular, allí están las ideas de libertadores del pensamiento como Simón Rodríguez, Mariano Picón Salas, Mario Briceño Iragorry y Luis Beltrán Prieto Figueroa, para quienes desee beber directamente en las fuentes.

Las normas para la gestión acertada del patrimonio urbanístico de las ciudades históricas han sido atesoradas en la escena académica internacional desde 1931. El primer documento de una larga lista de referencias acreditadas es la Carta de Venecia, inspirada en los criterios del restauro científico propuestos primeramente por Camilo Boito y  Gustavo Giovannoni. El restauro crítico fue la respuesta científica y moderna a las directrices románticas del restauro del siglo XIX, representado por pensadores tan disímiles como  E. Viollet-le-Duc,  J. Ruskin y A. Rielg. Ni entonces ni ahora, ha habido una sola manera de gestionar el patrimonio; pero ello no es óbice para que exista consenso sobre un conjunto de prácticas saludables: documentación, prevención, autenticidad, reversibilidad, mínima intervención.

Quienes han pretendido desacreditar, sin lograrlo, las opiniones de quienes hemos asumido el estudio y la preservación de los testimonios de la memoria histórica como una pasión y una profesión, ayer lustraron otras botas a las que hoy ladran. Nuestras observaciones están avaladas por años de estudios formales y no por cargos políticos, por las leyes nacionales e internacionales y no por la discrecionalidad de los cargos de turno, por  la solidez de la ciencia y no por las agendas de negocios, y finalmente, están sustentadas en nuestra  esencial condición de ciudadanos.

¿Quién nos declaró custodios del patrimonio cultural de la Nación? La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, fechada en 1993, consagra en los artículos 2 y 44 la custodia del patrimonio cultural como una obligación compartida por el Estado venezolano y los ciudadanos. El artículo 2 reza: La defensa del Patrimonio Cultural de la República es obligación prioritaria del Estado y de la ciudadanía. Leemos en artículo 44: Será penado con dos (2) a cuatro (4) años de prisión quien destruya, deteriore o dañe cualesquiera de los bienes establecidos en los artículos 2° y 6° de esta Ley. El artículo 45, precisa: El que por haber obrado con imprudencia o negligencia; o bien con impericia en su profesión, arte o industria; o por inobservancia de esta Ley, de sus reglamentos, normas, órdenes escritas o disposiciones oficiales ocasione algún daño a esos bienes, será sancionado con la mitad de la pena anterior. Que quede absolutamente claro, hay sanciones para los funcionarios que en competencia o incompetencia, para ser más precisos, de sus cargos deterioren o vulneren el patrimonio cultural de la Nación.

En comunicación dirigida al Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), ente rector de las políticas de gestión del Patrimonio Cultural en Venezuela, a la autoridad única de turismo en el Estado Falcón y al Gabinete de Cultura del Estado Falcón, hemos expresado nuestro pensamiento:

El discurso que acompaña la guiatura en la Casa de las Ventanas de Hierro resulta ofensivo para quienes somos herederos culturales y genéticos de los esclavizados. No se ajusta a los testimonios históricos y etnológicos, de ello resulta una representación caricaturizada de un grupo humano. Tanto desde el punto de vista museístico como de la ciencia histórica, la presentación como los contenidos del referido discurso resultan contrarios a la socialización de los saberes. Por lo demás, carece de elementos docentes que trasmitan de manera clara y precisa los valores culturales, históricos y estéticos asociados a esta casona emblemática de la corianidad.

La disposición de señalética de información en la fachada de las casonas históricas, museos y edificaciones religiosas vulnera la visual del conjunto urbanístico. Esta práctica es desaconsejable según los razonamientos de los documentos nacionales e internacionales en materia del patrimonio cultural y por los criterios científicos modernos de la conservación y restauración. Parejamente condenamos la destrucción de dicha señalética que no hace más que agregar fealdad a algo desde un comienzo ya bastante malo en sí.

A los funcionarios gobierneros podrán no gustarles las opiniones de quienes nos preocupamos por la historia no por casualidades políticas sino por pasión y  profesión, por estudio y convicción. Los escribientes asalariados podrán lustrar las botas de sus amos de turno. Estos tales no saben ni escribir ni organizar el escalafón que progresivamente va del Licenciado, al Magister, al Doctor y al Ph.D, aunque estos últimos sean equiparables. En varias ocasiones ha fluido desde la misma sentina ideológica la descalificación personal como toda respuesta a las observaciones críticas y argumentadas. Al escribir estas líneas, cumplo con un deber profesional como historiador, educador, historiador del arte, etnólogo y, más sencillamente, como coriano.

Mgs. Sc. Camilo Morón